miércoles, 20 de agosto de 2008

Observatorio Ciudadano ante atentado incendiario en Vilcún

Observatorio Ciudadano
Declaración Pública.
Sobre el incendio ocurrido este domingo 17 de agosto 2008 en el Fundo Santa Rosa, Comuna de Vilcún, y que afectó a la familia Luchsinger.
1. Manifestamos nuestra condena categórica a este hecho de violencia y esperamos que se realice una investigación acuciosa, transparente y con pleno respeto a los derechos humanos para determinar quiénes fueron sus responsables.
No obstante, hacemos un llamado a no estigmatizar al pueblo mapuche a raíz de este hecho como lo han manifestado algunas autoridades, y exigimos que estos lamentables sucesos no constituyan una nueva carta blanca para continuar con la política gubernamental de criminalizar las protestas y reivindicaciones mapuches, que ha terminado en violentos procedimientos policiales con saldos de personas heridas y muertas.
2. En opinión del Observatorio Ciudadano este reprochable hecho no contribuye a la reivindicación del pueblo mapuche en pro del reconocimiento y plena exigibilidad de sus derechos y, por el contrario, puede poner en riesgo algunas conquistas importantes tales como: la ratificación plena del Convenio 169 y la no aplicación de la Ley Antiterrorista a los presos mapuches procesados en el marco del conflicto territorial, como ha sido exigido por organismos internacionales de derechos humanos.
3. Rechazamos la reacción del Alto Mando de Carabineros que llama a "endurecer" la labor policial tras los atentados al fundo Santa Rosa, a implementar tácticas del tipo "antiguerrilla", al reforzamiento del contingente con personal de regiones vecinas y fortalecimiento del trabajo de inteligencia contra los focos de activismo en la Araucanía. Estas estrategias a lo largo de los años han derivado indefectiblemente en la represión de comunidades mapuche, de sus dirigentes y miembros, que plantean demandas justas.
Particularmente graves son las expresiones del Ministerio Público, organismo que previo a la investigación de rigor anuncia acciones que implican nuevas modalidades de intervención y allanamientos en comunidades mapuche.
4. Sobre las opiniones vertidas por el Fiscal Regional Sr. Francisco Ljubetic y el abogado Carlos Tenorio, representante del Sr. René Urban, agricultor en conflicto con comunidades mapuche, en la edición de este martes 19 de agosto de diario El Mercurio, que vinculan estos hechos con el trabajo del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano) impugnando la labor de defensa legal que efectúa nuestra institución, manifestamos lo siguiente:
4.1 Reafirmamos que la labor de los organismos de derechos humanos es monitorear los avances y las violaciones que se producen en diversas materias de derechos humanos y proveer defensa legal, en especial en aquellos casos que involucran a poblaciones vulnerables como son los pueblos originarios en Chile. Los principales organismos internacionales de derechos humanos han constatado en Chile situaciones de vulneración sistemática de derechos indígenas, numerosos hechos de violencia contra personas de origen mapuche y comunidades de responsabilidad del estado y sus agentes y, asimismo políticas de gobierno que no responden a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas. En este contexto, el Observatorio solo cumple con su misión de promover espacios para que los derechos de estos pueblos y sus miembros sean respetados en Chile.
4.2 Representamos que el Sr. Fiscal Regional, excediéndose en sus atribuciones institucionales, haga imputaciones públicas e infundadas sobre la labor de los organismos de derechos humanos. Cuestiona con ello un derecho humano básico hoy internacionalmente reconocido: el derecho a la defensa. Esta lógica podría llevar al Fiscal regional a interpelar la acción de la propia Defensoría Penal Pública, la que ha asumido diversas causas de imputados mapuche vinculados a los conflictos por tierras en los últimos años, imputados que, dicho sea de paso, en su mayoría han sido absueltos de los cargos de los que la Fiscalía les ha acusado.
5. Finalmente hacemos un llamado a la opinión pública a repudiar estos hechos que solo tienen como resultado una ola de violencia y represión hacia las comunidades mapuche. En este ánimo, instamos a aquellos gremios empresariales regionales, que han exigido una mayor intervención policial, a que depongan su actitud confrontacional con las comunidades mapuche y velen por el término de la discriminación y pobreza de las que éstas han sido víctima.
Miércoles 20 de agosto 2008
Observatorio Ciudadano