El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ha resuelto por unanimidad adherir a las demandas que viene efectuando la comunidad Paichil Antriao y Quintriqueo de la localidad de Villa la Angostura, Provincia de Neuquén. Estas comunidades reclaman el cumplimiento de sus derechos como integrantes del Pueblo Originario Mapuche. La falta de cumplimiento de la legislación vigente "explica el proceso de criminalización de la defensa territorial y de recuperación de espacios territoriales al que vienen siendo sometidos sus integrantes a través de diferentes figuras del Código Penal (usurpación, amenazas, etc.)." enfatizan.
Puelmapu_El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la sesión ordinaria del día 02/09/2008, ha resuelto por unanimidad adherir a las demandas que viene efectuando la comunidad Paichil Antriao y Quintriqueo de la localidad de Villa la Angostura, Provincia de Neuquén. Estas comunidades reclaman el cumplimiento de sus derechos como integrantes del pueblo originario mapuche, conforme a: a) la Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 17. y en los tratados de derechos humanos incorporados a su texto; b) Los derechos previstos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; c) El artículo 53 de la Constitución Provincial Neuquina.
Los grupos indígenas de nuestro país se han visto sometidos a diferentes arbitrariedades por parte del Estado, desde la violencia directa a través de la “Campaña del Desierto”, así como la falta de reconocimiento y exclusión. No obstante, el Estado nacional argentino, ha mostrado un cambio en su política hacia los pueblos indígenas y una búsqueda de reconocimiento a través de la incorporación a la Constitución Nacional de derechos previamente mencionados. En cambio, la justicia provincial ha venido actuando arbitrariamente y ha desconocido el reconocimiento de sus derechos como comunidad indígena (con personería jurídica reconocida por el Estado argentino). Como consecuencia de este accionar, los representantes legales se han visto obligados a efectuar una denuncia ante la Comisión Interamericana deDerechos Humanos.
Por lo tanto repudiamos la manera en que se incumple la legislación vigente de nuestro país, vulnerando así los principios constitucionales que hoy protegen a las comunidades indígenas, lo que explica el proceso de criminalización de la defensa territorial y de recuperación de espacios territoriales al que vienen siendo sometidos sus integrantes a través de diferentes figuras del Código Penal (usurpación, amenazas, etc.).
Estas acciones de judicialización se ven apoyadas por campañas estigmatizantes, que al tiempo que desconocen toda prueba documental y oral que testimonian la presencia ancestral en la región, cuestionan la identidad de sus integrantes como parte del Pueblo Originario Mapuche y hasta niegan la preexistencia étnica y cultural de este pueblo, en abierta oposición a la legislación vigente, además de los múltiples estudios Históricos, Antropológicos, Arqueológicos que así lo evidencian (muchos de ellos efectuados por investigadores de esta Casa de Estudios).
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