Delfín Gerónimo, uno de los referentes de la Comunidad India Quilmes, en los Valles Calchaquíes, en diálogo con La Flecha (Radio Estación Sur) confió que las negociaciones con el Gobierno están bien encaminadas. Los comuneros están discutiendo con el Ente Tucumán Turismo un plan de administración compartida para uno de los sitios arqueológicos más importantes del país. Más allá de los beneficios económicos el dirigente local resaltó que apuntan a que el convenio de co-manejo sirva como “modelo de intervención sobre un patrimonio de los pueblos indígenas” para otros casos similares donde éstos son “explotados” por terceros - gobiernos o privados - mientras “sus verdaderos herederos no tienen decisión ni intervención sobre los mismos”.
Puelmapu_El dirigente diaguita explicó que por ahora los funcionarios “se comprometen a acompañar a la comunidad” pero apuntó: “tenemos que discutir cuál sería la figura jurídica para un manejo compartido”. En ese sentido resaltó que no tienen conocimiento de otras experiencias de este tipo: “salvo en temas como Parques Nacionales”, donde existen convenios de co-manejo firmados entre el Estado Nacional y el Pueblo Mapuche, pero que no involucran el patrimonio arqueológico. Respecto a los tiempos para cerrar el acuerdo, detalló que pautaron un plazo de 90 días para poder ir avanzando en los puntos donde hay coincidencias: “lo otro lo vamos dejando para más adelante”, aclaró.
El 12 de julio los diaguitas habían advertido en un comunicado que “estos acuerdos sobre el manejo de la ciudad no implican la renuncia al reclamo de fondo sobre la restitución por parte del gobierno provincial”. Delfín detalló que esa demanda sigue su curso en otros ámbitos oficiales y que “incluso hay algunas cuestiones judiciales pendientes”.
A fines de noviembre de 2007 miembros de de la Comunidad India Quilmes bloquearon el acceso a la Ciudad Sagrada y forzaron el desalojo del empresario Héctor Cruz, quien tenía la concesión vencida desde el 2002. La medida se concretó el 13 de diciembre en un operativo del Ente Tucumán Turismo y de la Fiscalía de Estado provincial, cumpliendo con el decreto 2731/1 del 20 de julio de 2007.
Si bien en un comienzo trascendió que el predio permanecería cerrado al turismo, en enero de 2008 los comuneros, disconformes con los magros resultados del diálogo con los funcionarios, decidieron levantar el corte, permitir el acceso a los visitantes y tomar posesión efectiva del lugar. Desde entonces gestionan de hecho el complejo, aunque sin utilizar un museo y un hotel que también son parte del mismo. “Esa es una de las discusiones que queremos llegar, la apertura, al menos, del museo”, contó el referente local.
Uno de los puntos ya acordados con el Gobierno es mejorar la atención al público en cuanto a la “capacitación de guías y la folletería que debe existir”, además de “ir viendo cómo se garantiza la conservación del sitio, estableciendo caminerías para que la gente no se meta por cualquier lado, porque hay lugares que no deben ser pisoteados”, apuntó. “Eso no se puede garantizar sin un control estricto y que tanto nuestros guías como el turismo cumplan las normas”.
“No hemos cobrado entradas todavía sino que el aporte lo hacen los visitantes en forma voluntaria, pero ahora se ha pensado ya en aplicar un bono contribución”, contó. A partir de las conversaciones con el Ente Turismo Tucumán se acordó que parte de esos ingresos sirvan para garantizar el funcionamiento operativo del predio: “guías, personal de limpieza y mantenimiento”. Aunque destacó que esos ingresos no serían suficientes para financiar las obras necesarias para la preservación del lugar.
El Instituto de Arqueología de la Universidad Nacional de Tucumán, que participa de los diálogos, realizó un primer informe sobre el impacto que está sufriendo el sitio; mientras que el Gobierno avanzó en una propuesta para el mejoramiento de la entrada sobre la ruta. Aunque serán necesarias más obras de infraestructura para la preservación del lugar, afectado no sólo por los turistas sino también por procesos naturales como las lluvias.
Comunmente llamadas Ruinas de Quilmes, el predio fue “creado” por el gobierno militar de la provicia con el fin de dotar de un atractivo turístico a esa zona con una suerte de “Machu Picchu tucumano”, según explica el antropólogo Jorge Sosa. El proyecto buscaba rimar con “una idea nacionalista de exaltar un pasado mítico de raíz sedentaria, agroganadera, con arquitectura destacada y preferentemente emparentada con la realeza incaica”, afirma. Pero el trabajo encarado no siguió con los criterios internacionales vigentes en materia de recuperaciones patrimoniales y “la infraestructura turística montada (un paupérrimo museo y un área de servicios) fue prácticamente abandonada al poco tiempo de su inauguración (realizada oficialmente un patriótico 9 de julio de 1978)”.
Acuerdos estratégicos y apoyos
El 25 de junio estaba previsto el cumplimiento de una orden judicial para desalojar a los diaguitas de la Ciudad Sagrada y restituir la posesión al empresario Héctor Cruz. Sin embargo, los comuneros se congregaron en la entrada del predio impidiendo el acceso del juez Juan José Aráoz, a la vez que hicieron gestiones ante funcionarios y presentaron un pedido de nulidad ante la Cámara Civil y Comercial de Tucumán, que prosperó.
Pocos días después la comunidad recibió el respaldo de un amplio conjunto de organizaciones indígenas durante la cumbre social reunida en San Miguel de Tucumán, en el marco de la 35º Cumbre de Presidentes del Mercosur. La “restitución y repatriación de las riquezas arqueológicas sagradas”, junto al rechazo a la ley de inmigración de la Unión Europea y el pedido de legalización de la hoja de coca “de uso personal y medicinal”, fue una de las demandas centrales del Foro de Pueblos Originarios, realizado el 30 de junio.
El 6 de julio, finalmente, se reanudó la mesa de diálogo con la Provincia, por intervención, entre otros, del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Horacio Pascual. Para Delfín Gerónimo la organización de actividades como el Foro, así como otros trabajos que vienen realizando con instituciones nacionales, han repercutido “para que el Gobierno tenga una actitud difeRespecto al vínculo histórico con la localidad bonaerense, explicó que tras librar años de duras batallas contra los españoles, en 1660, “una parte de nuestro pueblo es desterrado en Buenos Aires donde se funda el pueblo que hoy da nombre a la ciudad de Quilmes”. Más específicamente: la Reducción de la Santa Cruz de los Indios Quilmes, que constituyó el primer poblado de la Colonia al sur del Riachuelo. rente a la que había tenido hasta enero de este año”.
A partir de la década del ‘90 hemos tenido contacto con personas e instituciones locales hasta llegar a un ‘convenio de hermanamiento’ con el Municipio para trabajar en forma conjunta”, relató. Y detalló que el acuerdo consiste “en recibir algún tipo de cooperación y hacer intercambios, sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura”.
Si bien mencionó dificultades para “darle vida” al acuerdo, ya que “por estar tan lejos no se hacen efectivas las cosas planteadas”, destacó que en junio el cacique Francisco Chaile se reunió en Buenos Aires con el intendente Francisco Gutiérrez (Frente para la Victoria) para “refrescar” los objetivos. “En ese camino estamos”, concluyó. Justamente la fecha del viaje coincidió con la última amenaza judicial en la Ciudad Sagrada.
Si bien mencionó dificultades para “darle vida” al acuerdo, ya que “por estar tan lejos no se hacen efectivas las cosas planteadas”, destacó que en junio el cacique Francisco Chaile se reunió en Buenos Aires con el intendente Francisco Gutiérrez (Frente para la Victoria) para “refrescar” los objetivos. “En ese camino estamos”, concluyó. Justamente la fecha del viaje coincidió con la última amenaza judicial en la Ciudad Sagrada.
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