martes, 7 de julio de 2009

Presos políticos mapuches acusan a policía chilena de amenazas y torturas

Por.Elias Paillan
“No tienen pruebas, solo nos acusan por pertenecer a una orgánica, pero este encarcelamiento lo asumimos con dignidad y resistencia”, señalan los presos políticos mapuches. Tras una reciente visita a la cárcel El Manzano en Concepción pudimos constatar su espíritu altivo, pero también las huellas de las torturas aplicadas por funcionarios policiales. En dramático relato dan cuenta de estos abusos.
Gulumapu/Concepcion_Las miradas se cruzan en una fría y gris tarde de día sábado. Filas de hombres, mujeres y niños con bolsas en mano esperan para ingresar a la fría cárcel el Manzano, en Concepción. Los gendarmes de completo verde observan cada uno de los movimientos de los visitantes.
Los controles se hacen con rigidez, “especialmente en las chiquillas”, nos comenta una visita. Repentinamente uno de los gendarmes nos señala que la visita de los comuneros mapuche fue en la mañana, de las 9 en adelante. “Nos informaron que era de 13:30 a 16:30 horas”, respondimos. Otro guardia –sorpresivamente- nos indica que no podemos ingresar pues no nos parecemos a la foto de la cédula identidad, pero accede luego cuando le exhibimos la tarjeta de presentación personal, que me identifica como miembro de equipo del Observatorio Ciudadano.
Ya adentro, uno de los gendarmes nos acompaña hasta el comedor del módulo 9 donde se encuentran los comuneros mapuche detenidos el pasado 11 de abril, en el marco de un gigantesco operativo policial en la zona de Choque, comuna de Tirúa, en la octava región. Nos saludan amablemente con un fuerte apretón de manos y un abrazo e invitan a un plato de comida porque es hora de almuerzo.
Tortura y trato indebido
Uno de los presos es el joven estudiante Técnico en Alimentación del Instituto Inacap, Jonathan Huillical (24), que forma parte de la red de apoyo a las comunidades mapuche. Nos relata que el día de su detención en la ciudad de Temuco, el 14 de abril, una vez en el carro policial “los policías comienzan a golpearme en la cabeza y cara, para lograr que le dijera mi nombre, a lo cual accedí inmediatamente. Luego soy trasladado al cuartel de investigaciones en Temuco, en donde comienzan a golpearme nuevamente para comprobar mi domicilio, tras esto soy trasladado hacia mi casa en Labranza, por una caravana de seis vehículos aproximadamente”.
El trayecto Temuco-Labranza “fue bajo constantes golpes de puño en la cabeza y reiteradas amenazas de golpizas más grandes”. Ya en Labranza, mientras los policías procedían a allanar su casa, “el mismo rati se ensañó de nuevo conmigo, comenzando a golpearme una y otra vez, de golpe de puño en la zona de la cabeza, oído izquierdo y cuello”. El allanamiento duró veinte a treinta minutos, pero al volver al cuartel lo pasaron a una oficina del segundo edificio acompañado de tres oficiales, dos perros y un jeep. “Fui golpeado durante veinte minutos aproximadamente, en la cabeza, oído y testículos, todo para que me declarara culpable”, a lo él les preguntaba “de qué”, porque aún no se le informaba el motivo de su detención.
Luego quedó solo con el jefe de unidad, quien le señaló que estaba detenido por una agresión al fiscal Elgueta de Cañete, pero que él no conocía. Al terminar las amenazas psicológicas impartidas por este efectivo, quien “me decía que por “weon” iba a tener que pasar veinte años en la cárcel y que, si no decía nada, haría entrar a los otros dos para que siguieran la golpiza, pero gracias a chao gnechen ello quedó solamente en amenazas”, relata Huillical.
El joven estudiante, que no podía caminar bien y que presenta pérdida de audición en el oído izquierdo producto de los golpes, recuerda que cuando lo llevaron al Hospital Regional de Temuco para constatar lesiones, el doctor lo vio 10 segundos a un metro de distancia, entró a su oficina y le pasó una hoja a los policías que lo andaban trayendo, sin hacer un análisis exhaustivo. “Tuvo una atención deficiente, superficial y sin realizar ningún tipo de maniobra para la evaluación de la audición, ni del equilibrio y mucho menos la utilización de equipos como otoscopio, para ver si existía alguna lesión del oído izquierdo, como por ejemplo estructuras como la membrana timpánica”, señaló en un breve informe el Doctor Antonio Painecura, quien visitó a los presos el 21 de abril pasado.
De vuelta al cuartel lo dejaron esposado a una silla por unas horas. Como a las siete de la tarde, tras ser mostrado a la prensa como un verdadero delincuente, fue entregado a los policías de Concepción que habían viajado hasta Temuco exclusivamente a buscarlo. “Nunca pasó por mi cabeza lo que a contar de ese momento comenzaría a ocurrir, me comenzaron a amenazar con golpearme sin no les decía la verdad”, señala.
Una vez comenzado el viaje de Temuco a Concepción, los policías cumplieron sus amenazas y comenzaron a golpearlo en la cabeza y estómago. Le decían que traían a su pareja en un carro más atrás, “y que si no hablaba se iban a divertir con ella y le iban a hacer lo mismo que a mi. Aparte de eso me amenazaban con traer a mi madre que está en Lonquimay y con una guagüita que todavía no tenía 10 días”.
Tras dos horas aproximadamente de viaje y ya cansado por la golpiza y el ajetreo del día, Huillical se quedó dormido, pero el policía que estaba a su lado derecho tomándolo del pelo y torciéndole la cabeza le decía que todavía tenía que llegar a Concepción, “donde le iban a colocar electricidad en los cocos y además me decían que allá estaban esperándome los ratis a los que les había disparado y que me iban a sacar la chucha”. Mientras eso pasaba, el policía de la izquierda le daba golpes de puño en el estómago.
Una vez en Concepción lo pasaron a una oficina, arrodillado, esposado y con las piernas cruzadas. Pusieron su cabeza sobre un escritorio, comenzaron a golpearlo en el cráneo y rostro y darle patadas en la espalda. “Luego de un rato de golpiza uno de ellos salía y entraba a la oficina diciendo que estaba lista la sala para ponerme corriente. Al rato y ya exhausto por los golpes y amenazas, me hicieron firmar una declaración a la fuerza en la cual se me obligó a reconocer personas que jamás he visto en mi vida, y a relatar hechos en los que nunca he tenido participación”, señala Huillical.
A las 6 de la mañana aproximadamente lo tiraron a una celda para que “descansara un rato”. “No pude dormir nada, pues no podía apoyar la cabeza debido a los chichones que tenía producto de los golpes”, recuerda. No pasó ni una hora y lo sacan esta vez para trasladarlo a Cañete. En el camino le decían que tenía que decirle lo mismo al fiscal, por que ellos iban a estar ahí y si no lo hacía, ellos todavía iban a tener un rato para hacerlo hablar. Una vez en Cañete, Huillical tuvo que hacer lo que le dijeron “por miedo a que me siguieran golpeando”. “Una vez ya en la formalización, mi abogado defensor mencionó la tortura a la que fui sometido. Al oír esto la magistrada de turno hizo caso omiso y el fiscal dijo que esto ‘estaba en mi imaginación’ ”.
El informe médico del doctor Painecura, describe respecto de Huilllical lo siguiente: Examen físico, inspección, aparentemente normal. Palpación: dolorosa a la tracción del pabellón auricular y compresión del trago de la oreja izquierda. No pude utilizar otoscopio ya que el recinto penitenciario no permite la entrada de estos equipos médicos. Maniobras de Romberg simple negativa y romberg sensibilizado levemente positiva. FR: 20 x min FC: 80 x min TA: no explorada (sin esfigmomanómetro), Impresión diagnóstica: Hipoacusia moderada postraumática, izquierda.”
“Desde el punto de vista clínico, los presos políticos Mapuche presentan daños físicos como consecuencia de brutales maltratos de agentes del estado chileno durante sus detenciones. Golpizas, tratos indignos e inhumanos, balazos, son algunas de las secuelas”, concluye.
Situación procesal
El abogado Pablo Ortega nos confirma que las personas procesadas por causas que están ante la fiscalía militar, además de su defendido, Jonathan Huillical Méndez, son Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Luis Menares Chanilao. Ellos están sometidos a doble procesamiento por la justicia civil y la justicia militar, por los mismos hechos de agresión a una caravana de carabineros e investigaciones, donde habría habido intercambio de disparos. Señala que la prensa ha señalado que hubo un ataque al fiscal Mario Elgueta, pero es un delito inexistente, “porque no hay dolo, nadie sabía que él iba ahí, eso debía ser absuelto”, señala.
“En esta situación hubo trece personas detenidas a las que se aplicó la ley antiterrorista y secreto de seis meses por la justicia militar, donde ya existe el secreto de sumario. Si bien hay un caso, no nos han dado acceso al mismo, nos lo han negado, por lo que estamos haciendo un defensa a ciegas”, agrega el abogado, aclarando que “hemos hecho presentación en torno a que jurídicamente no pueden haber dos presentaciones respecto a un mismo hecho, y esas situaciones están en apelación en la Corte Marcial en Santiago”.
Respecto de las acusaciones sobre cuatro personas a las que él lleva su defensa, es categórico al afirmar que “son inocentes. No hay participación en el hecho”. Sin embargo, sobre el futuro del caso dice que no hay claridad, porque no hay conocimiento respecto de la investigación. Los acusados en este caso están privados del derecho a defensa, es una situación altamente injusta y arbitraria, y es muy difícil para los abogados trabajar en estas condiciones”, denuncia Ortega. Además se trata de detenciones masivas, por lo que para la familia es muy difícil colaborar con la defensa en términos de aportar antecedentes, documentos.
“Lo que más resalta es la arbitrariedad de la situación y que esto represente exportar el modelo de la novena región a la octava región: detenciones masivas, aplicación de ley antiterrorista, persecución a granel y después una investigación que termina sin que existan pruebas. Esto no se había visto en la octava región y los presos creen que es el triunfo del sector duro del Ministerio Público”.
“Pero el tema que más les preocupa a los presos es la tortura. Ellos derechamente han denunciado tortura, esta vez por parte de la policía de investigaciones. Pero aquí lo que enfrentamos es una política de estado que se ha extendido a todos los estamentos, tanto el Ministerio Público como la policía de investigaciones, donde resalta la arbitrariedad, la extrema violencia y los procedimientos antidemocráticos, como la tortura. El juez de garantía, frente a todas estas denuncias, no ha hecho nada, y por ello se está haciendo cómplice de esta situación”, afirma Ortega.
“La aplicación de golpes en los oídos y en la zona abdominal, donde no se dejan huellas, no es solo violencia, sino una situación científica de tortura. Y son los jueces de garantía los que tienen que atender estas denuncias y ordenar la investigación, más allá que el juez sea competente o no. Sin embargo, el juez no ha hecho nada, ha desestimado estas denuncias sin siquiera investigarlas”, acusa el abogado.
Silencio de la policía
Frente a los graves hechos mencionados recurrimos a la institución policial para obtener su versión. Por teléfono nos atendió el Subcomisario Arenas de Temuco, quien nos informó que no tienen un comunicado oficial al respecto, y que se debe hacer una investigación. Cualquier comunicación se dará conocer por medio de la Relacionadora Pública, Jacqueline Leal. Pero pese a que nos dieron su teléfono, nuestras llamadas no tuvieron respuesta para procurar una versión institucional, guardando silencio frente a estos hechos.