La Confederación Mapuce denuncia un agravamiento de la situación en Neuquén

La Confederación Mapuce de Neuquén denunció ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, que la situación de conflicto con las comunidades “se agravó notablemente” en los últimos meses.

Argentina/Puelmapu_“La Comunidad Mapuce Currumil, ha sufrido la represión de una fuerza policial de más de 100 efectivos que de modo violento ha intentado quitar a sus animales de un campo que utiliza tradicionalmente durante los inviernos y que ha sido apropiado por un hacendado con la complicidad del Estado. Dicho desalojo se realizó en cumplimiento de una orden judicial expedida sin que la Comunidad fuera parte en el proceso de decisión, por la jueza en lo civil de la ciudad de Zapala, Ivonne San Martín”, explicó la Confederación en una nota dirigida a Anaya el 16 de setiembre pasado.

“La misma jueza –dice- ha utilizado el procedimiento de ordenar desalojos sin previa audiencia a las comunidades en otros tres casos a su cargo. Similar procedimiento ha sido llevado a cabo por las juezas de la ciudad de Cutral Co Nancy Vielma y Graciela Blanco quienes, sin ningún proceso de consulta o previa notificación ordenaron a la policía provincial que custodie a una empresa petrolera para que ésta pueda realizar tareas de exploración en el territorio de la Comunidad Huenctru Trewel Leufu”.

En la nota, denuncian que tanto en éstos como el resto de los casos que fueron denunciados en agosto pasado en una comunicación similar, los jueces “han desconocido las normas de derecho internacional que les fueron citadas. Ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ni la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni el Convenio 169 de la O.I.T., como así tampoco la jurisprudencia y las recomendaciones de los órganos de aplicación de dichos tratados o del Relator Especial, han sido tenidos en cuenta”.

Agrega que este cuadro de “incumplimiento generalizado y sistemático de los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de la administración de justicia se encuentra debidamente reflejado en el informe que adjuntamos, en el que detallamos cada uno de los juicios en donde se ha criminalizado el reclamo mapuce y aquellos en donde se han dispuesto desalojos de las tierras tradicionalemente ocupadas por las comunidades”.

La nota –que firman Elias Maripán de la Confederación y Juan Manual Salgado del Observatoriode de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas- señala que “a diferencia de la celeridad con que son resueltas las peticiones de las empresas petroleras, los hacendados o el Estado, los juicios iniciados por la Confederación Mapuce o por las comunidades, con la finalidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones, llevan varios años de tramitación habiéndose vencido todos los plazos legales para que sean resueltos”.

Complemento
Este informe elevado a Anaya, es el complemento de un documento anterior –de agosto pasado- en el que se realiza un pormenorizado detalle de los hechos que consideran violatorios del derecho mapuce, que –denuncian- genera una situación de indefensión y privación de derechos en que se encuentran el Pueblo Mapuce de esta Provincia, sus comunidades y sus miembros, frente a la administración de justicia.
En esa ocasión, la Confederación con la asistencia del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, denunció que “el desconocimiento sistemático por parte de los jueces, de las normas de derechos humanos protectoras de los pueblos indígenas, ocasionaba desalojos compulsivos de las tierras y territorios y criminalización del ejercicio de los derechos”.
“Con mínimas excepciones, en la Provincia la gran mayoría de los tribunales no reconoce el derecho a la propiedad y posesión de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados. Tampoco se aplican las normas que imponen el conocimiento de la especificidad cultural: en los procesos judiciales los pedidos de prueba tendiente a acreditar las características culturales propias son rechazados en forma sistemática y los órganos judiciales superiores no consideran que los jueces que lo hacen carezcan de imparcialidad”.